Quiero exponer en este post un posible plan de ahorro y eficiencia para la Administración Pública Española, que podría sentar las bases para la reducción paulatina de esta enorme máquina de gastar que hemos creado al abrigo de la burbuja económica.
Se trata de implantar un sistema para incentivar a los funcionarios y empleados públicos españoles a hacer sugerencias para ahorrar en su entorno laboral y mejorar su eficiencia. El funcionario es la persona que mejor conoce las posibilidades de mejora y ahorro de su entorno, por lo que si queremos mejorar la administración pública es esencial que los propios funcionarios ejerzan una permanente autocrítica sobre su entorno. Todo ello debería ser complementado con un sistema para incentivar a los políticos a tener en cuenta esas sugerencias.
En esencia el sistema consistiría en establecer un día al año en el que todos los centros de trabajo de todas las administraciones públicas españolas deberían disponer de una urna en la que los funcionarios y empleados públicos del mismo estuviesen obligados a depositar un sobre cerrado con contenido anónimo con las sugerencias que puedan servir para ahorrar en su centro de trabajo y mejorar las gestión del mismo. Por su parte el político responsable de cada administración estaría obligado a publicar el texto completo de dichas sugerencias y un informe evaluando las más reiteradas por sus funcionarios, y detallando las decisiones que ha llevado a cabo para mejorar el ahorro y la gestión en relación con las mismas.
Para incentivar que el funcionario presente sugerencias interesantes existiría la obligación legal de destinar un porcentaje determinado de la cantidad ahorrada en cada centro de trabajo (por ejemplo el 50% de la misma) a elevar el sueldo de los funcionarios en los que recaiga el trabajo derivado del ahorro conseguido. De esta forma el funcionario estaría interesado en señalar los puestos de trabajo improductivos que tiene a su alrededor, o por poner algunos ejemplos, los gastos de papel inútiles que se generan en su entorno, o de energía eléctrica, los procedimientos ineficientes dentro de su centro de trabajo, etc, etc, etc…
Con todo ello se pondría un foco de luz sobre todas las pequeñas ineficiencias que actualmente se producen en nuestras Administraciones.
El sistema aquí resumido no está exento de problemas, pero en mi opinión son solucionables. Se me ocurren las siguientes dificultades y soluciones:
1.- Es difícil hacer una contabilidad precisa de la imputación de ahorros y del aumento del trabajo de cada funcionario como consecuencia de ese ahorro. Por ejemplo si se amortiza un puesto de trabajo sería necesario saber que trabajo reporta esto a cada uno de los funcionarios subsistentes, para así aumentar la retribución de los mimos. Esta contabilidad sería llevada a cabo por un organismo dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Hacienda y sería inapelable para el funcionario. Sin embargo el funcionario que sugiere ahorros debe pensar que en cualquier caso será una mejora para él o para alguno de sus compañeros subsistentes, así como para el contribuyente, y para la propia subsistencia de su puesto de trabajo.
2.- El político podría estar tentado de romper las sugerencias más molestas y no publicarlas. Para evitarlo las urnas se transportarían selladas hasta un punto de la provincia donde serían abiertas por un notario, quien se quedaría con una copia de todas las sugerencias y en caso de reclamación por parte de algún funcionario que no viese publicada su sugerencia el notario podría verificar la realidad de esta ausencia.
En un momento en el que los funcionarios han visto mermado burdamente su sueldo, pero no se ha producido una readaptación fina y detallada de las funciones de las Administraciones públicas a la nueva situación económica de nuestro país, se hace interesante un sistema en el que mejoren los sueldos de nuestros funcionarios en la misma medida que se reducen los gastos más prescindibles de nuestra Administración Pública.